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Canacar urge detener el robo al autotransporte de combustible

Ante la ola de inseguridad que en los últimos años ha afectado al transporte en las carreteras federales, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) recordó que este sector moviliza más del 80% de todo lo que el país consume y produce, además de participar con el 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB) y agregar valor a la economía por un monto de 566 mil millones de pesos.

Asimismo generar más de 6 millones de empleos directos e indirectos y garantizar el abasto del 30% del consumo de diésel, gasolina y combustóleo, así como el 91% de turbosina.

Por la importancia que tiene precisamente en el abasto de todo tipo de bienes en el país, el movimiento de combustible por autotanque se ha vuelto atractivo para la delincuencia. Al cierre del 2017 se habían cometido 167 robos, 74% de ellos en cinco entidades: Veracruz (39%), Michoacán (13%), Puebla (9%), Tabasco (7%) y Jalisco (6%).

Canacar estima que el volumen del producto robado fue de 9.48 millones de litros, con un monto aproximado de 161 millones de pesos. Por tipo de combustible, el robo del diésel fue el de mayor incidencia con el 54% de los eventos, la gasolina magna con el 17% y la Premium con el 13%. El resto fueron equipos vacíos o algún otro producto.

A decir del organismo, existen tres puntos rojos al presentar el 53% de los eventos, Coatzacoalcos-Minatitlán (30%), Esperanza-Córdoba (13%) y Lázaro Cárdenas- Uruapan (10%).

De acuerdo con la Canacar, además del impacto económico por el robo del producto y el riesgo de desabasto de combustibles en el país, está la pérdida sufrida por los empresarios del 50% de sus equipos que ya no se recuperan y cuyo valor supera los 208 millones de pesos, monto superior al del producto robado.

Pero los autotransportistas son impactados también por otros costos que igualmente afectan su rentabilidad: el incremento sustancial en las pólizas de seguros; el deducible que deben cubrirle a PEMEX por asegurar el producto, que ascendió a 31.7 millones de pesos.

canacar-urgeCuando las empresas de autotanques logran recuperar sus equipos, deben esperar alrededor de cuatro meses para que éstos sean liberados por las autoridades y prestadores de servicios de grúas, a quienes deben cubrirle un promedio de 66 mil pesos por evento; el año pasado por este concepto desembolsaron alrededor de 5.5 millones de pesos.

Ante lo anterior, Canacar concluyó que el daño económico directo ocasionado a las empresas afectadas por el robo al autotransporte de combustibles, fue de más de 254 millones de pesos en 167 eventos, monto superior en un 58% al valor del producto robado, esto en el 2017.

A finales de dicho año, en coordinación con la SCT, la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal y los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz y Tlaxcala, así como con CONCAMIN y la ANTP se acordaron acciones que desafortunadamente han sido insuficientes, a decir de la Canacar.

Ante todo lo anterior, Canacar hizo un llamado urgente a las autoridades correspondientes, publicar el Decreto que reforma el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de delitos carreteros, que fue aprobado por el Congreso de la Unión en el pasado periodo ordinario de sesiones.

Además de que la Secretaría de Gobernación convoque a la instalación de una mesa de trabajo de alto nivel, en la que estén representados, además del Gobierno Federal (SEGOB, SEDENA y SEMAR), gobiernos estatales en los que se concentra el problema, Petróleos Mexicanos y prestadores del servicio representados por la Canacar.

El grupo deberá responsabilizarse de diseñar en el corto plazo, un programa de acciones específicas para ser implementadas en un inicio en los 5 estados de mayor incidencia y, de manera especial, en los 3 puntos identificados por su alta concentración de este delito.

“La inseguridad, en la forma de robo al autotransporte que priva en nuestro país, no es responsabilidad de quienes proporcionamos este estratégico servicio, por tal motivo el costo que esto representa tampoco debe ser absorbido exclusivamente por los transportistas”.

“Por tal motivo, proponemos establecer un mecanismo para que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, compense en alguna medida la afectación económica que están teniendo”.