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Gobernador de Baja California busca legalizar vehículos de contrabando

Mañana el Congreso de Baja California, pretende aprobar el censo de vehículos ilegales a través del pago de 1 mil pesos por trámite e identificación mediante calcomanías, otorgándoles derechos a través de un esquema registral al contrabando que pretende además, dotar al vehículo de placa o placas metálicas y tarjeta de circulación. El censo abarcaría automóviles, camiones, omnibuses y motocicletas, con cualquier tipo de combustible, así como de remolques.

Así lo dieron a conocer la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y la Industria Nacional de Autopartes (INA) en comunicado de prensa.

Dichos organismos indicaron que la iniciativa de Ley que pretende legalizar el contrabando de vehículos en Baja California, contraviene el marco jurídico federal, por lo que implementar un instituto como el planteado iría aún más allá de una pretendida regularización, ya que se persigue instituir un mecanismo paralelo que metódicamente será condescendiente con aquellos que violan la ley, sistematizando así un procedimiento que da luz verde y fomenta una constante situación de ilegalidad.

“En el sector automotor hemos visto con beneplácito la actual política de combate a la corrupción, consideramos que es inconsistente apoyar cualquier acción que emane de un acto de ilegalidad, instaurándose así la oficialización de un incentivo a la impunidad”.

Por lo anterior, los integrantes de los organismos solicitan la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, para hacer respetar el Estado de Derecho, sea observada la supremacía normativa existente y se cumplan los acuerdos signados entre el gobierno de Baja California y la secretaría de Hacienda y Crédito Público, para evitar que este Estado transgreda las facultades de la federación y principios constitucionales.

Además, señalan, se violan los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad en el pago de contribuciones y cumplimiento de obligaciones aduaneras, al pretender regular la ilegalidad y el contrabando, incentivando el incumplimiento de las disposiciones federales al conceder derechos registrales a vehículos ilegales.

“Baja California, al amparo del convenio de colaboración publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2015, sólo cuenta con facultades para verificar la legal estancia de los vehículos y en caso de no acreditarla, deberá proceder al embargo; así como a negar el registro estatal a los vehículos que no acrediten la legal estancia”.

En su opinión, el ejecutivo debe advertir y en su caso sancionar a los funcionarios públicos de Baja California, ya que en caso de aprobarse la iniciativa serán acreedores a las sanciones del delito de contrabando y la aplicación de la Ley Federal de Delincuencia Organizada.