Ante el reciente lanzamiento del vehículo eléctrico Olinia, organizaciones como El Poder del Consumidor, Latin NCAP y la Coalición Movilidad Segura reconocieron el potencial de la marca mexicana para impulsar la electromovilidad, pero exigieron que se establezcan normativas con estándares mínimos de seguridad vial alineados a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
El gobierno de México presentó este proyecto el pasado 7 de junio como una alternativa urbana de bajo costo con capacidad para 6 pasajeros, una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y comercialización prevista para 2027. Debido a estas características, el responsable del proyecto, Roberto Capuano, planteó la creación de una nueva Norma Oficial Mexicana distinta a la NOM-194, argumentando que se trata de una categoría de movilidad urbana particular.
Sin embargo, Stephan Brodziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular de El Poder del Consumidor, advirtió que innovar en el marco regulatorio no debe resultar en el establecimiento de estándares inferiores a los indispensables para proteger vidas, ya que un vehículo con un peso estimado de 1,300 kilogramos circulando a 50 kilómetros por hora mantiene el potencial de provocar lesiones graves o la muerte en caso de choque.
Para garantizar la protección tanto de los ocupantes como de los peatones, las organizaciones recalcaron que limitar la velocidad no elimina la necesidad de incorporar frenos antibloqueo, protección estructural, cinturones de 3 puntos en todas las plazas y tecnologías como el frenado autónomo de emergencia.
Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, recordó que las pruebas realizadas en 2016 a vehículos ultraligeros en Europa demostraron que no basta con limitar la velocidad a 50 kilómetros por hora para asumir que un automóvil es seguro, por lo que cualquier regulación para Olinia debe exigir una prueba de choque frontal y lateral utilizando las lesiones de los ocupantes como patrón de aceptación. Adicionalmente, al tratarse de un modelo eléctrico, las instituciones indicaron que la normativa debe incluir requisitos específicos para el sistema de baterías, como aislamiento contra choque eléctrico, desconexión automática tras un impacto, protección contra incendios y protocolos claros para la atención de emergencias o rescates.
Areli Carreón, representante de la Coalición Movilidad Segura, enfatizó que el desarrollo de una nueva categoría vehicular representa una gran oportunidad para innovar en materia de prevención, asegurando que la movilidad sustentable y la seguridad deben avanzar de manera conjunta. En un país donde se registran 16,000 muertes anuales en siniestros de tránsito y más de 150 personas resultan lesionadas cada año, la sociedad civil y los especialistas advirtieron que este piso mínimo de protección debe garantizarse independientemente de si el auto queda bajo la NOM-194 o una norma específica.
Finalmente, hicieron un fuerte llamado a la Secretaría de Economía y a las autoridades correspondientes para que esta iniciativa nazca con legitimidad técnica y jurídica, complementándose además con ajustes a los reglamentos de tránsito locales para delimitar en qué vías podrán circular estos automóviles, bajo qué restricciones y con qué tipo de licencia.