Taxistas Organizados de la Ciudad de México (TOCDMX) dijeron que el gobierno de Miguel Ángel Mancera utiliza las instituciones jurídicas locales, para atropellar al gremio de taxistas legales y violar sus derechos por consigna.
En conferencia de prensa denunciaron que a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, sin un análisis a fondo y sin cumplir los tiempos legales, desecharon, en bloque, los 23 juicios de nulidad interpuestos para impedir la regulación de las empresas ilegales UBER y CABIFY.
Anticiparon que continuarán por el camino legal y la siguiente instancia a la que acudirán será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para dar a conocer las irregularidades cometidas por el GDF a través de sus instancias de gobierno, para defender intereses económicos y políticos de particulares.
Los voceros de los taxistas precisaron que el desecho de los juicios de nulidad ocurrió sólo un día después de que entregaron el expediente ante el tribunal local, cuando por ley se cuenta con 15 días de revisión.
También precisaron que en lugar de enviar las solicitudes con los magistrados correspondientes, estás se turnaron en bloque a Julio César Vázquez Cruz, quien carece de carácter como magistrado de sala y tardó más de 20 días para comunicar a los representantes legales de los taxistas la resolución tomada el 6 de agosto.
“El juicio de nulidad se interpuso el día 5 de agosto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra de este acuerdo que arbitrariamente se publicó en la Gaceta Oficial el 15 de julio, toda vez que fue emitido por una autoridad que carecía de facultades para ello.
“Sin embargo, de forma casi expedita y atípica el 6 de agosto desechó las 23 demandas de nulidad”, explicó Ignacio Rodríguez, vocero de los taxistas.
Aunque anticiparon que interpusieron ya un recurso de revisión contra la decisión del Tribunal capitalino, los representantes de los taxistas organizados se dijeron abiertos al diálogo y convocaron al nuevo Secretario de Movilidad, Héctor Serrano, a reanudar la comunicación a fin de frenar el aumento exponencial de transportación pirata e ilegal, que afecta económicamente a más de 220 mil familias.