La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) urge al gobierno federal y jueces impedir que se repita la situación que en 2009 permitió que casi 70% de los vehículos importados se realizaran por la vía del amparo, lo que duplicó entonces las importaciones de 2008.
Esto ante el otorgamiento de nuevos amparos para continuar con la introducción masiva de vehículos usados extranjeros a nuestro país, sin el cumplimiento del pago de aranceles y reglas marcados en el Decreto para la Importación de Vehículos Usados.
Recordó el organismo que el 22 de agosto de 2005, el gobierno federal publicó el decreto que establecía las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, mejor conocido como “Chocodecreto”, el cual a pesar de su endurecimiento de requisitos en 2008, ha permitido la introducción a México de más de 6 millones de vehículos chatarra.
El año pasado la empresa Estructura Automotriz y el comerciante Francisco Zazueta Félix, principalmente, al igual que otras cinco compañías, obtuvieron amparos federales que les facilitaron continuar con la introducción masiva de este tipo de unidades al país sin cumplir con los requisitos del citado decreto.
“Ahora con la autorización de un magistrado federal de Mexicali para continuar explotando dichos amparos, estamos en la antesala de otra oleada de vehículos basura, tal como lo anticipó el sector automotor desde el 2005 con todos los efectos negativos como la deformación de precios de autos usados y la competencia desleal contra comerciantes legalmente establecidos”.
Entre enero y junio de este año, se han importado a México alrededor de 367 mil unidades usadas, cifra que representó casi 80% de las más de 400 mil unidades nuevas que se llevan vendidas en el mercado interno, según datos de la AMDA y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Hay que mencionar que el promedio mensual de vehículos importados usados durante el primer semestre de este año fue de 61 mil 155 unidades, cifra que contrasta con los 17 mil 448 vehículos importados en julio pasado, justo al entrar en vigor el nuevo decreto emitido por el gobierno del presidente Felipe Calderón y que dejó sin efecto los amparos en contra del decreto vigente hasta el mes de junio.
En este sentido, “necesitamos el apoyo convencido del gobierno federal y de los jueces y magistrados, para impedir que sigan introduciéndose vehículos usados sin cumplir con los requisitos del decreto, así como acelerar el establecimiento y ejecución de las normas de condiciones físico-mecánicas y de emisiones al medio ambiente que impidan que unidades que no cumplan con dichas condiciones, no entren a México”, afirmó Guillermo Rosales, director ejecutivo de Relaciones Institucionales de la AMDA.
Rosales aseguró que se continuará trabajando con las asociaciones del sector como AMIA, ANPACT, INA y ANCA y las diferentes instancias del Poder Ejecutivo y Legislativo, para implementar normas que mejoren las condiciones de las unidades usadas que pretendan introducirse al país.