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Vulnera COVID-19 al transporte público; urgente atender para enfrentar impactos

Ante la declaratoria de emergencia sanitaria en México, el sector del transporte público colectivo hace esfuerzos por cumplir con los lineamientos y mantener la capacidad de operación, facilitando las actividades esenciales como médicas, paramédicas, industria de alimentos y enseres domésticos, así como para un traslado seguro y eficiente de los trabajadores, principalmente los de estos ramos esenciales.

Así lo señaló el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), secretaría técnica de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), con el apoyo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), asegurando que se enfrenta un escenario adverso que compromete su sostenibilidad financiera, la seguridad laboral de los empleos del sector y el servicio a los usuarios.

Los impactos estimados, indicó durante el análisis para dimensionar el impacto social, económico y financiero de la emergencia sanitaria en el sector, se calcularon con datos aportados por autoridades de movilidad que permitió contar con una muestra de información de ciudades mexicanas de 13 estados.

Durante el análisis se especificó que el transporte público colectivo es un medio utilizado por el 40% de la población (50 millones de personas), del cual dependen más de 160 mil empleos, principalmente conductores, representando además la actividad económica de personas físicas, pequeños y medianos empresarios y cooperativas que constituyen aproximadamente el 75% de la organización del sector.

Mismos que, indicaron, han implementado medidas sanitarias y demás que ayuden a evitar la propagación del virus, como la protección del personal operativo más vulnerable. Sin embargo, pese a ello, tanto conductores, operadores y usuarios enfrentan retos y riesgos que es necesario atender.

La muestra referida estima que el 38% de las personas de las personas que cambiaron su modo de transporte en esta emergencia sanitaria, aumentaron su gasto al doble o más, afectando su economía, además de que se estima una reducción del 60% en la demanda traduciéndose en menores ingresos para los prestadores del servicio y en el deterioro de la oferta y cobertura del servicio.

Entre las acciones realizadas para enfrentar dicho deterioro, están los ajustes en días y horarios de servicio con el fin de reducir costos de operación, los que se estima no superan el 25%, llevando al sector a enfrentar una fragilidad financiera para mantener y mejor la oferta y cobertura del servicio. Se prevé que en los tres meses y medio que podría durar la emergencia sanitaria, las pérdidas alcanzarán hasta el 40% del ingreso habitual lo que representa una pérdida acumulada de 9 mil 800 millones de pesos a nivel nacional.

Otro riesgo es el total de puestos de trabajo relacionados con este sector, que emplea a 1.5 conductores por cada vehículo en operación con un 40% adicional de otros puestos de trabajo relacionados.

Un tercer riesgo es el retroceso en los procesos de modernización del transporte. El 75% del sector, se explicó, se organiza en esquemas de personas físicas, pequeñas y medianas empresas o cooperativas, sensibles a la disminución de ingresos y los compromisos de pago de capital, que representa el 20% de sus costos totales. El 40% de las unidades de transporte en operación son sujetas al pago de créditos, por lo que la falta de liquidez condiciona el cumplimiento de sus obligaciones.

El impacto económico, financiero y social de la emergencia, puede ser mayor si se considera la contribución del transporte público colectivo a la cadena de valor de la industria del sector, que va desde la fabricación hasta la venta de autopartes, servicios de mantenimiento, el comercio de vehículos y los servicios financieros para su adquisición, entre otros.