La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), rechazan la decisión del gobierno del Estado de Chihuahua y demanda que éste cumpla con los compromisos firmados en 2012 con el Gobierno Federal para acabar con la regularización de vehículos ilegales.
Esto después de que el gobierno de Chihuahua señalara que brindará placas de plástico y engomados a los vehículos usados internados ilegalmente, mejor conocidos como “chuecos” o “chocolate” que circulan por esa entidad violando leyes aduaneras y disposiciones oficiales en materia de control vehicular y de comercio exterior, indicaron AMDA y AMIA en conferencia de prensa.
Dicho programa, indicaron, pretende formalizar no sólo vehículos ligeros, sino también unidades pesadas ampliando el problema de la importación de automotores, no reduciéndolos.
“Con ello el Gobierno de Chihuahua incrementará el problema, pues las placas de plástico (ilegales) y su respectivo engomado tendrán una vigencia de apenas nueves meses, pudiéndose renovar las veces que el propietario de la unidad ilegal deseé por tiempo indeterminado”, afirmaron los representantes de los organismos.
Asimismo señalaron que la medida se anuncia en el curso del proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado, el Congreso Local y los Ayuntamientos, con lo que se privilegia la rentabilidad política en contra del orden jurídico, la seguridad pública y el control de emisiones contaminantes.
En su momento, Eduardo Solís, presidente de la AMIA, comentó que la justificación del gobernador César Duarte sobre el punto, es de identificar a los propietarios de vehículos ilegales para prevenir la comisión de delitos, ante la negligencia de las autoridades locales, estado y municipios e impedir la comercialización de vehículos “chuecos”.
En tanto, Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA, recordó que desde la implementación del programa para que el estado de Chihuahua garantice contribuciones en la importación definitiva de vehículos automotores usados, concluida en 2013, el gobernador no ha cumplido con la aplicación de las medidas necesarias y terminar con la circulación ilegal de estas unidades.
Esto, dijo Rosales, se estipula en el ejercicio del Anexo 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF).
Además, continuó, durante la firma del programa con autoridades federales en octubre de 2012, Duarte se comprometió a generar estrategias para terminar con este fenómeno por lo que “los automóviles que circulen en el estado deben cumplir con los requisitos tanto de seguridad como de cuidado al medio ambiente”, afirmó el gobernador en ese momento.
Es por esto que tanto AMDA como AMIA solicitan al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y al jefe del SAT, Aristóteles Núñez, que el gobierno federal intervenga para frenar esta regularización ilegal de vehículos “chocolate”.