La industria automotriz en América del Norte enfrenta un panorama dinámico con oportunidades y desafíos significativos. Se espera que la producción en la región, que incluye a Estados Unidos, México y Canadá, experimente una recuperación progresiva tras la pandemia, alcanzando los 15 millones de unidades para 2025 y 16 millones para 2030. La diversificación de sistemas de propulsión será un factor clave en este crecimiento, con una proyección de que el 32% de los vehículos producidos en 2030 sean eléctricos de batería.
En este sentido, México se consolida como un actor clave en la manufactura automotriz, con una producción estimada de 4 millones de unidades anuales hasta 2028, impulsada principalmente por pickups y SUVs, que representan el 76% del total. Sin embargo, a partir de 2028 se anticipa una ligera reducción en la producción a 3 millones de unidades, reflejo de cambios regulatorios y en las preferencias del mercado.
Las regulaciones en Estados Unidos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la industria. Una posible relajación de las normativas ambientales y de eficiencia de combustible podría desacelerar la transición hacia la electrificación total. En este contexto, los fabricantes buscan extender la vida útil de los motores de combustión interna.
El comercio y los aranceles representan un reto significativo para México, especialmente en la exportación de motores y transmisiones hacia Estados Unidos. Con 1.2 millones de motores y 700,000 transmisiones exportadas anualmente, el país se encuentra en una posición vulnerable ante posibles incrementos arancelarios.
La incertidumbre económica y política también influye en el sector. Políticas comerciales y fiscales expansivas pueden generar inflación y afectar la inversión en el corto plazo, mientras que los cambios en incentivos para vehículos eléctricos pueden alterar la demanda y la producción en la región.
Ante este escenario, México tiene la oportunidad de fortalecer su posición en la industria global mediante estrategias que fomenten la colaboración público-privada, el fortalecimiento de la cadena de suministro y la diversificación de mercados. La implementación de incentivos fiscales y regulatorios contribuiría a aumentar la competitividad y mitigar los impactos de la incertidumbre económica y comercial.