El crecimiento acelerado de motocicletas y vehículos particulares está desplazando de manera gradual al transporte público en la Ciudad de México, lo que ha detonado un aumento sostenido de la congestión vial y se ha convertido en un problema estructural para el desarrollo urbano, advierte un diagnóstico elaborado por especialistas, organizaciones civiles, empresas y académicos del sector.
El documento, denominado Ejes para la Movilidad, fue entregado al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y a legisladores locales que participaron en el Primer Foro de Transporte Público y Movilidad, como parte de los insumos para la elaboración del Plan General de Desarrollo 2025–2045, que marcará la política urbana de la capital durante los próximos 20 años.
De acuerdo con el análisis, actualmente circulan en la Ciudad de México alrededor de 6.4 millones de vehículos de motor —entre automóviles, camiones y motocicletas—, lo que equivale a un vehículo por cada 1.4 habitantes. Al sumar el parque vehicular del Estado de México, la región concentra cerca de 30% de todos los vehículos registrados a nivel nacional.
Pese a este crecimiento, los especialistas subrayan que los vehículos privados solo generan 7.3 millones de los 34.6 millones de viajes diarios en la capital. En contraste, el transporte público realiza 15.5 millones de traslados al día, de los cuales 11.5 millones corresponden a unidades concesionadas como microbuses, vagonetas y autobuses, lo que evidencia su papel central en la movilidad cotidiana.
El diagnóstico advierte que la congestión vial tiene efectos directos en la productividad, la salud pública, la competitividad económica y la calidad de vida. En promedio, los habitantes de la capital pierden más de 150 horas al año atrapados en el tránsito, lo que se traduce en estrés, desgaste físico y pérdida de oportunidades.
Asimismo, el estudio señala que el aumento del uso del automóvil y la motocicleta no es fortuito, sino consecuencia de décadas de políticas que priorizaron al vehículo privado, mientras el transporte público no logró consolidarse como una alternativa confiable, integrada y prioritaria para la población.
Los especialistas coinciden en que la movilidad no puede resolverse con acciones aisladas ni decisiones fragmentadas, sino mediante instituciones sólidas y coordinadas que no solo regulen, sino que planifiquen y evalúen los sistemas desde la experiencia de los usuarios y la realidad financiera de los operadores.
En sus conclusiones, el documento señala que el modelo de transporte público se deterioró por la falta de acompañamiento técnico y financiero, así como por esquemas de negocio que trasladaron todo el riesgo a los concesionarios individuales. En este contexto, se plantea la necesidad de una política integral que combine regulación, planeación y apoyo estructural, cuyas propuestas servirán de base para el Eje de Movilidad Sustentable del Plan General de Desarrollo 2025–2045.