En el marco del 17 Congreso Internacional de Transporte, especialistas advirtieron que mantener tarifas bajas por presiones políticas, sin un esquema de financiamiento sólido, condena al transporte público a un profundo deterioro. Fernando Páez, especialista del Instituto de Recursos Mundiales (WRI Colombia), señaló que en la Ciudad de México sistemas como el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús enfrentan constantes exigencias para no subir sus precios, operando con independencia de los costos reales.
Durante su conferencia magistral sobre la sustentabilidad de estos sistemas, Fernando Páez aclaró que el verdadero reto no es elegir entre una tarifa técnica y una tarifa política, sino construir mecanismos transparentes. Esto implica utilizar subsidios inteligentes, explorar nuevas fuentes de financiamiento y establecer contratos modernos para reconciliar lo que cuesta mantener el servicio y lo que el usuario puede pagar.
Asimismo, Fernando Páez detalló que la tarifa técnica refleja el costo real de operación, abarcando mantenimiento, flota, tecnología, infraestructura y energía. En contraste, la tarifa política es el monto final cobrado al pasajero, el cual casi siempre está condicionado por factores sociales y políticos. Congelar estos precios brinda un alivio temporal a los ciudadanos, pero sin un financiamiento complementario, provoca una decadencia progresiva de la infraestructura.
Este desafío no es exclusivo de la capital mexicana. En América Latina habitan alrededor de 570 millones de personas y cerca de 200 millones utilizan diariamente el transporte público, por lo que la estabilidad operativa impacta directamente en la calidad de vida de la región.
Muchos de estos modelos muestran ya límites financieros graves, pues se basaban en la creencia de que el pasaje podía sostener por sí solo a todo el sistema. Hoy, múltiples ciudades enfrentan déficits debido a que los usuarios disminuyen mientras los gastos de operación continúan en aumento.
Para asegurar un servicio de calidad, Fernando Páez enfatizó que los subsidios no representan un problema, siempre y cuando existan reglas claras para su asignación. El mensaje central dejó en claro que no puede existir una movilidad sustentable sin sistemas financieramente sostenibles que integren accesibilidad social, modernización tecnológica y una planeación institucional a largo plazo.