La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya negociación formal iniciará en 2026, representa un momento crítico para el futuro del autotransporte mexicano, un sector estratégico que moviliza más de 101 ramas industriales y sostiene una parte esencial del comercio exterior y del mercado interno.
Augusto Ramos, secretario general y candidato a la presidencia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, advirtió que el sector debe participar de manera activa, técnica y permanente en las mesas de negociación del tratado, ya que cualquier decisión tomada sin su representación puede afectar directamente a miles de empresas transportistas. Señaló que el autotransporte es transversal a la economía nacional y que quedar fuera de la discusión implica un riesgo estructural para su competitividad.
Uno de los principales focos de alerta es la importación de camiones usados procedentes de Estados Unidos con más de 10 años de antigüedad. Estas unidades, consideradas en muchos casos como “chatarra”, no están diseñadas para las condiciones de carga, infraestructura y vibración de las carreteras mexicanas. Su uso, sumado a prácticas de sobrecarga, acelera el desgaste mecánico, incrementa las fallas estructurales y eleva el riesgo de accidentes, afectando tanto la seguridad vial como la eficiencia operativa.
En el ámbito laboral, Ramos expuso que alrededor de 50,000 operadores migraron a Estados Unidos ante la alta demanda de mano de obra, de los cuales aproximadamente la mitad son mexicanos. Actualmente, cerca de 10,000 ya han retornado al país y se registran hasta 50 deportaciones diarias, con 25 mexicanos en promedio. Esta dinámica, explicó, evidencia la necesidad de revisar con cuidado las reglas de visas tipo B1 y las condiciones para la prestación de servicios transfronterizos, ante un escenario en el que Estados Unidos podría volver a requerir operadores mexicanos cuando su economía se reactive.
Otro elemento de preocupación es la competencia desigual en materia de financiamiento. Mientras las empresas estadounidenses acceden a tasas de interés cercanas al 6% anual para la adquisición de tractocamiones, en México los costos financieros son más del doble. A ello se suma que los precios de los vehículos de carga son más altos en el mercado nacional, incluso cuando se trata de unidades fabricadas en el país, lo que limita la capacidad de competencia frente a operadores extranjeros.
Finalmente, Ramos alertó que la incertidumbre sobre posibles incrementos arancelarios continúa impactando de manera directa al sector, al encarecer tractocamiones, insumos, costos logísticos y, en última instancia, el precio final de los productos para el consumidor. Si bien reconoció la disposición del gobierno federal para mantener el diálogo con Washington, subrayó que el sector privado debe participar activamente junto con organismos empresariales y la Secretaría de Economía.
La revisión del T-MEC, concluyó, debe realizarse con una visión técnica y estratégica, ya que lo que está en juego no es solo el futuro del autotransporte, sino el funcionamiento de una parte clave de la economía mexicana.